Como abogados para funcionarios públicos sabemos que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es el órgano técnico especializado, dotado de autonomía técnica y de gestión, se encarga de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales en los tres Poderes de la Unión; los órganos constitucionales autónomos; los estados y municipios y en general cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada que haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales. 

El resultado final de la labor de la ASF son los Informes Individuales de Auditoría y el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública. 

La ASF contempla dos tipos de revisiones: de cumplimiento financiero y de desempeño: 

I. Auditoría de cumplimiento financiero 

Se revisa que la recaudación, captación, administración, ejercicio y aplicación de recursos aprobados por el Congreso se lleven a cabo de acuerdo con la normativa correspondiente, y que su manejo y registro financiero haya sido correcto. 

Bajo esta categoría se incluyen las siguientes cinco modalidades: 

1) Auditoría de inversiones físicas: su materia de análisis son los procesos de adquisición, el desarrollo de las obras públicas, la justificación de las inversiones, el cumplimiento de los estándares de calidad previstos, la razonabilidad de los montos invertidos, así como la conclusión de las obras en tiempo y forma. 

2) Auditoría forense: consiste en la aplicación de una metodología de fiscalización que conlleva la revisión rigurosa y pormenorizada de procesos, hechos y evidencias, con el propósito de documentar la existencia de un presunto acto irregular. 

3) Auditoría a las tecnologías de la información y comunicaciones: se revisan las adquisiciones, administración, aprovechamiento de sistemas e infraestructuras, calidad de los datos y la seguridad de la información de las entidades públicas. 

4) Auditoría a los sistemas de control interno: se evalúan las políticas, procesos y actividades que aseguran el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

5) Auditoría al gasto federalizado: consiste en la fiscalización del ejercicio presupuestario y el cumplimiento de metas y objetivos de los fondos y programas financiados con recursos federales transferidos a estados y municipios, para renglones como educación, salud, creación de infraestructura básica, abatimiento de la pobreza y seguridad pública. De la misma forma, bajo este rubro se revisan las participaciones federales.  

II. Auditoría de desempeño 

Las auditorías de desempeño son una revisión objetiva y confiable que permite conocer si las políticas públicas operan bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía. 

Las auditorías de desempeño otorgan información, análisis y perspectivas sobre el quehacer gubernamental para minimizar los costos de los recursos empleados; obtener el máximo de los insumos disponibles; lograr los resultados previstos, y verificar el impacto social y económico para la ciudadanía. 

Los servidores públicos son sujetos a auditorías, investigaciones, quejas, observaciones, revisiones o verificaciones que pueden ocasionar una grave afectación a su libertad personal, reputación profesional y al patrimonio personal. Por eso es necesario contar con un abogado para funcionarios públicos. 

El objetivo principal de estas auditorías es verificar el cumplimiento y desempeño de los programas gubernamentales y la administración de los recursos públicos. Si al finalizar el proceso, la auditoría arroja observaciones o resultados negativos, el servidor público enfrentará sanciones administrativas, patrimoniales y penales. 

El incumplimiento intencional o por descuido de las obligaciones y funciones asignadas a los funcionarios públicos ocasiona responsabilidades administrativas, las cuales pueden provocar la pérdida de tu patrimonio o verte involucrado en un proceso penal. 

Por ello, en Durán Soto Abogados, abogados para funcionarios públicos te brindamos asesoría y defensa legal contra multas, créditos fiscales y procedimientos administrativos sancionadores gubernamentales por órganos internos de control, Secretaría de la Función Pública y autoridades municipales, estatales y federales. 

También nuestro despacho de abogados para funcionarios públicos asesora en distintas acciones a los gobiernos e instituciones públicas de todo el país en la adopción de medidas y estrategias en la ejecución de sus labores, dándoles una solución eficiente a sus problemas de manera eficaz.